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Galilea

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves que propondrá en la mesa del diálogo social una ayuda de 430 euros mensuales para jóvenes menores de 30 años que tengan dificultades de inserción laboral y que suscriban un contrato para la Formación y el Aprendizaje.

«La medida podría ponerse en marcha cuanto antes», aseguró la ministra a los medios durante el Consejo de ministros europeos de Empleo que se celebra este jueves en Luxemburgo. La ayuda saldría de los Presupuestos de 2017 que cuentan «con 500 millones para poner en marcha esta medida», precisó Báñez.

La ayuda podría beneficiar a unos 800.000 jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que cuenta con 600.000 miembros, de los cuales «200.000 ya trabajan», y en el que el Gobierno espera ver «un incremento de las inscripciones».

 Otra medida en la que también se está trabajando, según ha resaltado la ministra, es la bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la conversión de contratos en indefinidos, y ha añadido que «dichas medidas se plantearán, la próxima semana, en el marco del diálogo social».
 
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El Consejo de Ministros aprobó el viernes 23 de octubre el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que fue publicado al día siguiente como Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Este texto refundido y el también aprobado de la Ley de Empleo,  pretenden facilitar a los trabajadores, el ejercicio de sus derechos, y a los operadores económicos, el desarrollo de su actividad; agrupando la normativa dispersa en un solo texto y haciendo las normas más sistemáticas, comprensibles y de fácil aplicación.

Los objetivos de la refundición son

  •   Realizar una actualización del texto refundido de 1995, en la técnica normativa y en lo relativo al lenguaje, que se moderniza y se unifica, pues las modificaciones directas del texto de 1995 habían provocado y acentuado ciertas discordancias.
  •   Aclarar y reordenar diversos artículos.
  •   Integrar las diversas normas legales que han ido modificando el Estatuto.

Dentro de las normas a integrar destacan:

  •   La Reforma Laboral de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral), que apostó por la flexibilidad interna en las relaciones laborales, eliminó la autorización administrativa previa en los despidos colectivos, fijó la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y limitó a 1 año la ultraactividad de los convenios colectivos;
  •   El Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, que modificó la regulación de las comisiones negociadoras en representación de los trabajadores en los periodos de consulta en los despidos colectivos y en las medidas de flexibilidad interna; o
  •   El Real Decreto-Ley 16/2013, que reformó el contrato a tiempo parcial.

estatuto de los trabajadores

El proyecto de texto refundido del Estatuto de los Trabajadores mantiene íntegramente la estructura y el número de artículos actuales, 92, pero no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran por completo, al suprimirse buena parte de las mismas.

De esta forma, el nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores refuerza la concepción compartida por la mayoría de la doctrina y los operadores jurídicos de que el la norma se ha ido fortaleciendo hasta llegar a una situación en la que ya nadie discute su trascendencia y su condición medular.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores mantiene íntegramente la estructura y los 92 artículos actuales, pero no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran por completo, al suprimirse buena parte de las mismas.

[Texto Integro Aquí]

La Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social entra en vigor este sábado, 10 de octubre, después de que haya transcurrido un mes desdcontratose su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde empleo se calcula que con la entrada en vigor de esta ley se logrará que el autoempleo crezca en 550.000 personas hasta 2019. Con esta media se fija fija la ‘tarifa plana’ para los autónomos en 50 euros durante seis meses. Los autónomos que disfruten de este incentivo podrán contratar trabajadores sin perder este derecho. Al mismo tiempo se extienden los supuestos de la ‘tarifa plana especialmente protegida’ a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Ahora, la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo mediante un pago único para abrir un negocio se extiende a todas las edades. Desde UPTA Y ATA, asociaciones de autónomos se han recibido con satisfacción estas medidas dirigido a un colectivo cada vez más amplio en nuestro país

Todos los autónomos podrán compatibilizar durante 9 meses la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Además, los mayores de 30 años también podrán compatibilizar durante un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con el alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), posibilidad hasta ahora reservada únicamente a los menores de dicha edad, una medida que ahora podrá beneficiar a 50.000 personas más.

La nueva ley introduce también modificaciones que facilitan al trabajador autónomo que, en caso de que su empresa profesional no termine siendo viable, pueda disponer de la prestación por desempleo que dejó de percibir cuando comenzó a emprender.

Estas medidas podrían propiciar la afiliación al RETA de 550.000 trabajadores entre 2015 y 2019 Así, se amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses, para que los autónomos mayores de 30 años puedan reanudar el cobro de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia, una medida que, según datos de Empleo, beneficiará a unas 90.000 personas.

Entre estas novedades, la ley permitirá a los autónomos disfrutar de la tarifa plana de 50 euros fijos durante 6 meses, medida que se amplía también a aquellos que contraten empleados, al mismo tiempo que facilita a los autónomos económicamente dependientes (TRADE) que contraten a un trabajador que les sustituya para poder conciliar vida laboral y familiar.

En conjunto, todas estas medidas de apoyo a los autónomos y a la economía social podrían propiciar la afiliación al RETA de 550.000 trabajadores entre 2015 y 2019, hasta situar el número de estos cotizantes en los 3,6 millones.

El día 10 de septiembre fue publicada en el BOE la  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Según el Preámbulo de dicha normativa, el espíritu de esta ley es la constitucuón de un sistema que promueva la adquisición y actualización de conocimientos, que mejore las perspectivas de empleo estable y de calidad de los trabajadores, así como la ventaja competitiva de las empresas y de la economía española.

La ley entiende como iniciativas de formación las siguientes:

a) La formación programada por las empresas, para sus trabajadores.

b) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados, constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.

c) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromisos de contratación.

d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados públicos y la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. Asimismo, se consideran iniciativas de formación las relativas a la formación de las personas en situación de privación de libertad y la formación de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, previa suscripción de los correspondientes convenios entre las instituciones públicas competentes.

El capítulo I describe el objeto de la norma y establece, junto con los fines del sistema de formación profesional para el empleo, que este será de aplicación en todo el territorio nacional y responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre las Administraciones públicas competentes y los demás agentes que intervienen en el mismo, respetando el marco de distribución de competencias.

Los principios inspiradores recogidos en el artículo 3 definen el sistema como marco coherente de planificación, ejecución eficiente, seguimiento y evaluación permanente, con entidades que impartan formación profesional para el empleo en el ámbito laboral de calidad e instrumentos renovados de información, seguimiento y control. En este sistema destaca, además, el papel protagonista de la negociación colectiva y del diálogo social como herramientas esenciales para contar con un sistema más eficaz y orientado a satisfacer las necesidades reales de empresas y trabajadores.

El capítulo II introduce, de manera novedosa, los elementos de un sistema eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo, para detectar los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido productivo.

El texto continúa señalando que resulta necesario corregir una de las principales ineficiencias identificadas en el sistema: la falta de una adecuada anticipación de las necesidades y la planificación de la actividad formativa. La formación que se imparta debe responder a un diagnóstico de la realidad, a un análisis de las necesidades actuales y futuras de empresas y trabajadores, para cumplir sus fines de forma eficaz. Para ello, el nuevo sistema aprovechará el potencial de la coordinación de los distintos dispositivos y agentes que realizan análisis y prospección del mercado de trabajo.

Por ello, el artículo 5 prevé la elaboración, con la participación, entre otros, de las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social, de un escenario estratégico plurianual, referente de la programación de toda la formación que se imparta en el sistema. Sobre la base del análisis prospectivo mencionado, este escenario plurianual de planificación estratégica incorporará las tendencias y previsiones económicas y, junto con el análisis de las cualificaciones de los trabajadores, permitirá identificar los objetivos de atención prioritaria, así como los indicadores para su evaluación, que guardarán coherencia con la Estrategia Española de Activación para el Empleo.

Este escenario, además, incluirá una proyección plurianual estimativa de la financiación pública para atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores, en un marco de estabilidad del sistema que favorezca la certidumbre, la anticipación y las decisiones de inversión.

El artículo 6 introduce de manera inequívoca la concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos, como norma general para la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones públicas.

Este principio de concurrencia, que se ha introducido de manera gradual en las convocatorias de subvenciones durante los últimos años, se establece como rasgo básico transversal a la gestión de la financiación por parte de todas las Administraciones competentes en materia de formación profesional.

Asimismo, el artículo 6 recoge la posibilidad de que las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, puedan articular un «cheque formación» para trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan. Se trata de una herramienta novedosa que permitirá la libertad de elección entre las entidades adheridas a los dispositivos específicos que se desarrollen para su seguimiento.

El capítulo III recoge un nuevo enfoque de las iniciativas de formación profesional para el empleo, situando a las propias empresas y a los trabajadores en el centro del sistema. Esta ley plantea un nuevo papel de la formación que programa la empresa para sus propios trabajadores, llamada a ser la herramienta principal para ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades cambiantes de los sectores y reforzar su capacidad de innovación, al tiempo que se satisfacen las necesidades de adaptación, cualificación y empleabilidad de los trabajadores. En el nuevo modelo todas las empresas participarán en alguna medida con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores.

El artículo 10 prevé que las distintas Administraciones, en sus respectivos ámbitos competenciales y en lo no previsto en el ámbito de la empresa, completarán la oferta formativa con su propia programación para los trabajadores ocupados, en la cual las organizaciones empresariales y sindicales dejarán de ser titulares de planes de formación, si bien participarán en su diseño, programación y difusión.

En todas las iniciativas se potencia la formación online frente a la formación a distancia tradicional, que se suprime, de forma coherente con la evolución de las nuevas tecnologías y las garantías que ofrecen de alcance y calidad de la formación.

Las entidades de formación acreditadas y/o registradas, tanto públicas como privadas, además de su papel de proveedores de formación, serán corresponsables en el seguimiento del aprendizaje y su evaluación. Entre las entidades que podrán impartir formación para el empleo están incluidas las empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios trabajadores, así como para trabajadores de su grupo o red empresarial, o para desempleados, bien con compromiso de contratación u otro acuerdo con los Servicios Públicos de Empleo. Para ello, podrán utilizar sus propios medios o recurrir a su contratación, siempre que sean adecuados para este fin.

El capítulo IV recoge las nuevas previsiones relacionadas con el control de la formación y el régimen sancionador, con el objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo.

Por un lado, se amplían los sujetos responsables para incluir a las entidades de formación y a las que asuman la organización de la formación programada por las empresas. Asimismo, y con el fin de adaptarlos a la normativa vigente y a la realidad social, se modifican los tipos infractores existentes, se crean tipos nuevos como el incumplimiento de la prohibición de efectuar subcontrataciones, que se tipifica como infracción muy grave, y, por último, se exige un mayor reproche administrativo al considerar una infracción por cada empresa y acción formativa.

Por otro lado, se establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones y se endurecen las sanciones, de manera que los beneficiarios del sistema de formación profesional para el empleo no puedan volver a serlo durante un periodo de 5 años en caso de cometer una infracción muy grave.

Por último y a fin de garantizar un refuerzo del control y capacidad sancionadora se prevé la creación de una Unidad Especial de Inspección en el seno de la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esta ley recoge en su capítulo V la implantación de un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre formación profesional para el empleo que se lleve a cabo en los distintos ámbitos competenciales.

Este sistema integrado permitirá desarrollar tres instrumentos clave de difusión, garantía de calidad y transparencia para el sistema a que hace referencia el artículo 20: la Cuenta de Formación, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional al objeto de acreditar su historial formativo y de orientar la oferta formativa al incremento de su empleabilidad; el Catálogo de Especialidades Formativas, que será referente común de toda la oferta formativa que se programe para los trabajadores ocupados y desempleados y será objeto de actualización permanente; y el Registro Estatal de Entidades de Formación, de carácter público, al que se incorporarán los resultados de las auditorías o controles de calidad que se realicen a dichas entidades.

Por último, el capítulo VI hace referencia a la gobernanza del sistema y define un nuevo papel para los distintos agentes y órganos que intervienen en el gobierno del sistema, mediante la transformación de los mencionados órganos de gobierno y, en particular, de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en los que la representación de la Administración General del Estado deberá ser mayoritaria. El papel de los agentes sociales en el sistema es objeto de modificaciones de calado: se impulsa su liderazgo y el protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el diseño estratégico, en la planificación, programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la formación profesional para el empleo, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados.

De manera coherente con este nuevo papel y con los cambios ya operados en el sistema desde la reforma laboral de febrero de 2012, los agentes sociales dejan de participar en la gestión de fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formación profesional y que desarrollarán esta tarea en un nuevo entorno más competitivo.

La ley se completa con doce disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y diez finales. En ellas se hace referencia a cuestiones como el impulso del cheque formación, el impulso a los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral, la adaptación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo con arreglo a lo previsto en esta norma, la previsión de que los remanentes de crédito destinado al sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que pudieran producirse al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal, se incorporarán a los créditos correspondientes al siguiente ejercicio, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que corresponda, los límites a los pagos anticipados, o el régimen para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cabe destacar además que está prevista la aprobación de un nuevo Real Decreto y una Orden Ministerial que derogarán la totalidad del marco jurídico vigente, constituido por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y todas las normas que lo desarrollan.

Aún así, la disposición transitoria primera establece que se mantendrá vigente el citado Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como su normativa de desarrollo, sólo en aquellos aspectos en los que no pueda ser de aplicación directa lo establecido en esta ley hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo previsto en la misma, detallándose las previsiones que sí serán de aplicación directa para mayor seguridad jurídica.

 

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LOGO CAMBRIDGE

El pasado 23 de marzo se público en el B.O.E. el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Las reformas acometidas por el Gobierno desde el inicio de la legislatura tienen entre sus finalidades la de afrontar los cambios que necesita nuestro modelo productivo para situar a España en una senda sostenible de crecimiento y generar empleos estables y de calidad.

El sistema de formación profesional para el empleo regulado en este real decreto ley dará cobertura a empresas y trabajadores de cualquier parte del territorio del Estado español y responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los demás agentes que intervienen en el mismo para garantizar la unidad de mercado y un enfoque estratégico de la formación, respetando el marco competencial existente

Los fines del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral son:

a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y personal.

b) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

c) Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las prácticas adecuados.

d) Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.

e) Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores, tanto a través de procesos formativos como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.

 

Sobre este Real Decreto podemos destacar los siguientes aspectos generales:

  • Los Interlocutores sociales dejan  de   participar  en  la gestión de   los fondos  y  en la impartición  de   la  formación,  circunscribiéndose su  papel a  la  participación en  la gobernanza del  sistema; en la planificación estratégica plurianual y en el  diseño de  la formación.

 

  • El  nuevo  sistema  introduce  la  concurrencia  abierta  a  todos  los  proveedores  de formación acreditados y/o inscritos.

 

  • Se refuerza la competencia del  Estado.

 

  • Se sustituye la actual Fundación Tripartita por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en cuyo patronato  estará  representada  con mayoría la administración general del  estado, y también las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

 

  • Se introduce el “cheque formación” para trabajadores desempleados.

 

  • En el nuevo sistema, los trabajadores autónomos también tendrán “derecho individual a la formación”. Además, se abre la puerta a que en el futuro coticen por esta materia.

 

  • Se  desarrollaran tres instrumentos de  difusión: la Cuenta de  Formación; el Catálogo de

Especialidades Formativas y el Registro Estatal de  Entidades de  Formación.

 

  • Se endurece el seguimiento y el control, así como el régimen sancionador.

 

  • Se crea una unidad especial de  la Inspección de  Trabajo y  Seguridad Social para  el control de  la Formación Profesional para el Empleo.

 

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